Esta operación le permitió al consorcio aumentar el valor de las cotizaciones de sus acciones en el mercado pero también le valió la posterior multa impuesta por el ente regulador. Éste señaló que se imponía la multa en “aras de proteger al público contra la engañosa información financiera” exhibida por las empresas.
De acuerdo a la información del presidente de YPFB, Carlos Villegas, en Bolivia las empresas inflaron las reservas en cerca de 13 TCF de gas que, en barriles equivalentes, son 2.315 millones de barriles, es decir, un poco más de la mitad de la exageración de la Royal Dutch Shell. ¿Quién debe sancionar a las empresas causantes de semejante engaño y por cuántos millones de dólares?