¿Economía a la deriva?

Por: Jaime Durán Chuquimia

El análisis económico pocas veces puede presumir de “puro” u “objetivo”. La economía es una ciencia social y como tal expresa intereses de clase. Hace algunos años el profesor Schumpeter advertía con el cuidado que se debe tener con la “visión pre-analítica” que sintetiza las pasiones, gustos, aprendizajes, preferencias y afinidades políticas de los economistas. Para ello indicaba que es mejor tomar como punto de partida (y no de llegada) dicha visión. Es decir, que no es aconsejable usar el arsenal de la teoría económica con el único fin de demostrar una posición.

Tras leer el artículo titulado “Economía a la deriva” de mi buen amigo Julio Alvarado creo que corresponde situar el debate de tal manera que permita contar con una base algo más solida para la evaluación.

En concreto, Alvarado propone que la subvención a la gasolina y diesel funcionan como un “agujero negro” que amenaza con derrumbar toda la economía. Para fundamentar esto indica que “el Gobierno tuvo que erogar  660 millones de dólares en importación y 380 millones de dólares en subvención de hidrocarburos durante el año 2010, haciendo un total de 1.040 millones de dólares”.

Por tanto, siguiendo el razonamiento expresado en estos momentos el fisco está con el “agua al cuello” y no quedaría otro camino que acudir a un nuevo “gasolinazo” para sanear las finanzas públicas en virtud a que “las justificaciones expresadas por las autoridades a finales del año 2010 para dictar el Gasolinazo no han desaparecido, por el contrario se han agudizado”.

En primer lugar debe indicarse que Alvarado comete un error al sumar el monto de la importación al de la subvención. Bolivia compró líquidos el año 2010 por un monto de USD660 millones, pero estos los vende a los usuarios de vehículos, por tanto, lo que le cuesta al Estado es la diferencia entre el precio de compra y el de venta: La subvención. Que efectivamente es de USD380 millones, pero está lejos de los USD1.040 millones que imagina mi contendor. El expediente de sumar papas con alicates no es el más aconsejable.

El superávit fiscal del sector público no financiero en 2010 fue de USD388 millones. Si las cifras fueran como indica nuestro columnista jamás hubiese existido dicho resultado.

Desde mi punto de vista las espaldas del fisco aún pueden resistir la subvención. Esto debido a que sus ingresos se han incrementado en los últimos años. Los datos contenidos en el “Boletín de Ingresos Tributarios 2010” publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ayudan a clarificar esta cuestión. En efecto, se observa que mientras entre 1990 y 2005 el promedio de recaudación tributaria fue de Bs6,2 millones, entre 2006 y 2010 dicho promedio ascendió a Bs27,3 millones. Se multiplico más de 4 veces. Esa es la fuente de la estabilidad del Estado.

Sin duda los gastos también subieron. Algo que en manera alguna debe asustar a la población. El razonamiento neoliberal durante años indicó que cualquier expansión pública es negativa. Tras el estruendoso fracaso del modelo de libre mercado hoy sabemos que el Estado debe intervenir, para ello por fuerza debe crecer. Lo importante radica en que ese crecimiento promueva el desarrollo del país. Aspecto en el que Bolivia ha tenido considerables avance. Pero ese es otro debate.

Es exagerado considerar que al momento el Gobierno requiere conseguir dinero a como dé lugar. Hay que tener mucha imaginación para pensar que los aportes a la seguridad social de los profesionales independientes, el sistema impositivo para las casas de juego o la ley de clasificación de impuestos tengan por fin recaudar dinero.

El Sistema integral de pensiones (SIP) construye una arquitectura de financiamiento solida para lograr que las personas cuenten con medios de vida cuando ya no puedan trabajar. Para ello se establecen subsidios focalizados a personas de menores ingresos. El resto por supuesto que debe aportar, salvo que Alvarado considere que los consultores no tienen derecho a recibir una pensión.

Lo propio ocurre con las leyes de juegos y de clasificación impositiva. La primera regula una actividad y subsidiariamente brinda recursos al fisco, pero en manera alguna serán de una magnitud considerable. Es un error considerar que la segunda “crea impuestos” lo que hace es definir los hechos generadores a cargo de las autonomías. Una lectura menos apasionada de ambos cuerpos legales arrojaría más luces sobre esta cuestión.

La nacionalización de los célebres vehículos “chutos” en manera alguna tiene un propósito fiscal. Pues sus efectos son de corta duración. En todo caso sirve para regularizar excepcionalmente una situación ya presente. Medida criticable porque muestra inconsistencia respecto a la aguerrida lucha que se lleva, en otros campos, contra el contrabando. Pero, dudo mucho que la planificación financiera del MEFP se base en cálculos financieros provenientes de estos ingresos.

Bolivia  es un país productor de gas natural y en muy baja cuantía de líquidos derivados del petróleo. Hoy hay problemas de abastecimiento porque los campos se han ido agotando y no se han hecho las inversiones necesarias desde hace 10 años. Sin embargo, aún cuando se hiciesen no hay ninguna garantía de que se encuentre petróleo pesado para abastecer el mercado interno. Es posible que el programa de exploración encuentre más gas. Entonces nuestro destino como importadores de diesel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) puede ser inevitable; porque solo una parte del mercado automotriz se puede convertir de gasolina a gas natural. De ahí que es posible que librarnos totalmente de la importación no sea un objetivo alcanzable.

Con esto no se pretende indicar que la subvención a los carburantes sea una maravilla. Sin embargo, creo prudente tomar en cuenta la recomendación del Presidente: Es algo que se debe discutir. Pues tiene aspectos negativos  y  positivos. Entre los primeros está el costo que representa al erario nacional. Son recursos que pueden tener mejores fines. Asimismo, está el hecho de que beneficia en mayor medida a quienes no lo necesitan.

En lo positivo está el hecho de que al ser un precio clave mantiene baja la inflación y permite una mayor competitividad del sector exportador cruceño que es el que más usa el diesel.

Hecho el balance creo que es prudente mantener la subvención. Salir de ella no va por el camino de los “mini gasolinazos” lo mejor es cambiar la matriz energética mediante la promoción del uso del gas y realizar nuevas exploraciones dirigidas, en la medida de lo posible, a encontrar “hidrocarburos más pesados”. En tal sentido los avances de YPFB permiten cierto optimismo.

Mientras esto ocurre el fisco aún tiene (y tendrá) las espaldas para soportar la subvención.